El atentado en Cali: implicaciones estratégicas para la seguridad nacional y la viabilidad de la “Paz Total”
Introducción
El atentado con vehículo cargado de explosivos perpetrado el 21 de agosto de 2025 en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de Cali constituye un episodio crítico no solo por su saldo trágico —seis fallecidos confirmados y más de 70 heridos—, sino por lo que revela de la fragilidad del Estado colombiano frente a un conflicto mutante.
Se trató del ataque terrorista urbano más grave contra instalaciones militares en una ciudad principal desde el atentado de las FARC a la Escuela Superior de Guerra en Bogotá (2002). La comparación no es anecdótica: ambas acciones buscaban quebrar la moral de las Fuerzas Armadas y mostrar que ni los centros urbanos ni las bases aéreas están fuera del alcance insurgente.
Este artículo desarrolla un análisis en seis dimensiones, ampliando lo ya dicho y agregando capas de interpretación:
1. El carácter estratégico del ataque.
2. La crisis del proyecto de “Paz Total”.
3. Las deficiencias en seguridad e inteligencia.
4. La responsabilidad política e institucional.
5. Las medidas de corrección necesarias.
6. Una reflexión final sobre la seguridad nacional.
1) Lo que muestra el ataque (más allá del lugar y la hora)
El atentado se inscribe en la lógica de “guerra de percepción”. El mensaje a la sociedad no es solo la capacidad letal, sino la audacia de golpear en la tercera ciudad del país, frente a una de las instalaciones más vigiladas de la Fuerza Aeroespacial.
Tres niveles de lectura:
Táctico-operacional: uso de un camión con al menos 150 kilos de explosivo, preparado en zona urbana sin detección previa. La existencia de un segundo vehículo neutralizado demuestra un plan coordinado, no improvisado.
Psicológico: la explosión no solo destruyó muros; golpeó la confianza de la ciudadanía caleña en la promesa de seguridad estatal.
Político: enviar un desafío directo a la Fuerza Aeroespacial —brazo tecnológico del poder militar— equivale a cuestionar la supremacía del Estado en el control del espacio aéreo y urbano.
El hecho no fue aislado. Ocurrió en paralelo al derribo de un helicóptero Black Hawk en Amalfi (Antioquia), donde murieron ocho policías. El mensaje combinado: “podemos golpear en tierra y en aire”. Una demostración integral de poder.
2) La “Paz Total”, entre la atomización y la inercia de la violencia
La política de “Paz Total” nació con vocación integradora, pero hoy enfrenta un escenario de atomización criminal:
El Estado Mayor Central (EMC) —autores señalados del ataque— opera con una lógica híbrida: discurso político, pero financiación con cocaína, minería ilegal y extorsión.
La Segunda Marquetalia compite territorialmente, sin que los diálogos avancen.
El Clan del Golfo mantiene capacidad de control social en la región Caribe.
La paradoja es evidente: mientras el gobierno mantiene mesas de diálogo, simultáneamente ordena la militarización de ciudades como Cali y Antioquia. La población recibe señales contradictorias: ¿estamos en paz negociada o en guerra urbana?
El atentado evidencia un fracaso parcial de la Paz Total como política de contención. Más aún: plantea la pregunta de si es viable dialogar con grupos que han optado por tácticas de terrorismo urbano.
3) Falla de inteligencia, sí; pero también de diseño de seguridad urbana
Reducir la explicación a un “fallo de inteligencia” sería simplista. Lo ocurrido revela un ecosistema de vulnerabilidades:
Inteligencia estratégica: no hubo anticipación sobre la logística ni la preparación del ataque. El hallazgo de un segundo camión con explosivos es la prueba de un plan mayor que casi duplica la tragedia.
Seguridad perimetral: la Base Marco Fidel Suárez carecía de un “standoff” urbano adecuado. La cercanía de vías de alto tránsito dejó la instalación expuesta a un ataque vehicular.
Respuesta operativa: el despliegue de un PMU, patrullajes, restricciones vehiculares nocturnas y militarización de Cali fueron reactivos, no preventivos.
Comunicaciones: las primeras versiones oscilaron entre 5 y 7 muertos, generando incertidumbre y restando credibilidad.
La lección: la seguridad urbana de instalaciones críticas exige urbanismo defensivo, inteligencia comunitaria y coordinación civil-militar. Sin rediseño del espacio urbano, la amenaza persistirá.
4) Mando político y responsabilidad institucional
El hecho toca fibras sensibles en dos planos:
1. Simbolismo político: el ministro de Defensa proviene de la Fuerza Aeroespacial. Que el ataque ocurra bajo su gestión, en una base de su origen militar, debilita la narrativa de control y golpea la moral interna de la institución.
2. Responsabilidad compartida: la seguridad de infraestructuras críticas depende de una red de actores: alcaldía, policía, Ejército, Fuerza Aérea, inteligencia, justicia. La ausencia de estándares unificados de seguridad crítica perpetúa los vacíos.
El Congreso y la opinión pública han reaccionado con dureza, cuestionando no solo al Ejecutivo, sino la viabilidad de la política de paz.
5) Qué corregir (y cómo medir que cambia)
El atentado obliga a pasar de reacciones coyunturales a reformas estructurales. Algunas líneas:
Estrategia integral: combinar diálogo condicionado con presión territorial. Grupos como el EMC no responden solo a incentivos políticos, sino a cálculos de poder económico.
Inteligencia de redes: priorizar la desarticulación de nodos financieros y logísticos, no solo “cabecillas”.
Protección urbana: rediseñar perímetros de seguridad con barreras físicas, zonas de amortiguamiento y control dinámico del tránsito pesado.
Justicia económica: acelerar extinción de dominio sobre propiedades y empresas que lavan dinero de economías ilícitas.
Comunicaciones coherentes: consolidar una vocería única y cifras verificables. En crisis, la credibilidad es tan importante como la fuerza.
6) Una reflexión incómoda (pero necesaria)
El atentado en Cali confirma que Colombia vive un conflicto de cuarta generación, donde el enemigo combina insurgencia rural, terrorismo urbano y control económico ilícito. La “Paz Total”, sin control territorial efectivo, se convierte en narrativa.
Lo que está en juego no es solo la seguridad de una base aérea, sino la confianza ciudadana en que el Estado puede garantizar orden. Cada camión bomba que estalla en una ciudad es también un golpe al contrato social.
Si este episodio se reduce a militarizar Cali durante unas semanas, será otra tragedia en la lista. Pero si logra catalizar una reforma integral de seguridad nacional, podría marcar el inicio de un rediseño histórico.
Conclusiones
El atentado de Cali es mucho más que un ataque: es una fotografía de la crisis estructural de seguridad en Colombia. Muestra la capacidad de los grupos armados para proyectar terror en zonas urbanas, desnuda la fragilidad de la “Paz Total” y revela la vulnerabilidad de infraestructuras críticas.
Para la academia, es un caso de estudio sobre la brecha entre diseño de políticas y realidades operativas. Para la política pública, una advertencia urgente: sin monopolio de la fuerza, urbanismo defensivo e inteligencia anticipatoria, la paz seguirá siendo un eslogan.
Colombia tiene la opción de convertir este atentado en un punto de inflexión o en un episodio más. La respuesta que elija definirá la próxima década de su seguridad nacional.
Olga Liliana Rojas Nieto
Especialista en Relaciones Internacionales, Delincuencia Organizada y Negociación